Una Presencia en los Medios

Por Antonio Espíldora

España carece de política de extranjería.
No la tuvo el Gobierno de Felipe González (cuando el problema era incipiente), ni la ha tenido el de José María Aznar, ni la tiene ahora el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
            Nuestro Gobierno ha puesto en marcha un proceso de normalización que, si Dios no lo remedia, ni va a solucionar los problemas de los trabajadores extranjeros y de los empresarios españoles, ni tampoco va a dotar a España de un rumbo claro y eficaz de cara a enfrentar de una vez por todas la solución definitiva a la cuestión de la inmigración.
Todo proceso extraordinario de legalización supone, en la práctica, reconocer la inoperancia de los procedimientos ordinarios, admitiendo que éstos, en lugar de dar cauce adecuado a la inmigración, no consiguen sino generar cada vez más personas en situación ilegal. Y estamos, si no me fallan los cálculos, ante el séptimo proceso extraordinario de legalización desde 1991.
No hace falta ser profeta para vaticinar que, al finalizar el actual proceso de normalización, habrá en España unas 350.000 personas más con permiso de trabajo y, probablemente, un millón de extranjeros en situación ilegal. ¿Y después qué? ¿alguien tiene una idea clara de lo que se quiere conseguir y de los medios que hay que poner para alcanzar ese objetivo?. El Gobierno, me temo que no. No parece, desde luego, que las amenazas del Ministro de Trabajo a los empresarios de las zonas donde se presenten pocas solicitudes de normalización, vayan a ayudar en nada a lograr ningún objetivo sensato.
Quizá en este campo, como en muchos otros en los que es palmaria la inactividad o ineficacia de los poderes públicos y partidos políticos, sea preciso recuperar el protagonismo de la sociedad civil. Los ciudadanos no podemos dictar las pautas de la política de extranjería, pero mientras aportamos ideas y esperamos que nuestros políticos aclaren las suyas,  sí que podemos, al menos, volvernos a lo personal. El Gobierno está preocupado por los números (si conseguirá o no regularizar a 800.000), pero los ciudadanos podemos preocuparnos por las personas.
Cada unidad numérica de ese conjunto de 800.000, o de un millón, es una persona. Con su alma y con su cuerpo, con sus alegrías y sus esperanzas, con sus tristezas y angustias. Mucho podemos hacer, entonces, los ciudadanos y las asociaciones e instituciones de la sociedad civil en el campo de la “cultura de la solidaridad”, articulando formas de integración, de acogida y  hospitalidad inteligentes e imaginativas, que ayuden a construir una sociedad digna del hombre.
 En definitiva, se trata primero de recuperar la centralidad de la persona humana.